FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
La Justicia habilitó revisar la cautelar que obliga al Gobierno
La Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó revisar la vigencia de la medida que exige cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Además, suspendió temporalmente la intimación para actualizar los salarios docentes.
La disputa por los fondos destinados a las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dispuso revisar la vigencia de la medida cautelar que obligaba al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
El fallo representa un alivio para el Ministerio de Capital Humano, ya que los jueces consideraron que el Estado podría sufrir un «perjuicio irreparable» si debía acatar una orden cuya vigencia se encuentra en discusión.
La causa se inició a partir de un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tras los recortes presupuestarios dispuestos por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto 759/25.
Sin embargo, el tribunal aclaró que todavía no resolvió si el Ejecutivo cumplió con las partidas correspondientes.
También frenaron una intimación por los salarios
En la misma resolución, los magistrados dejaron sin efecto temporalmente la intimación de cinco días que obligaba al Estado a actualizar los salarios universitarios, bajo advertencia de posibles multas diarias.
Para justificar su posición, el Gobierno sostuvo ante la Justicia que los aumentos salariales otorgados entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 superaron la inflación. Esa afirmación contrasta con los reclamos de los sindicatos docentes, que denuncian una pérdida del poder adquisitivo.
La disputa continúa
Con esta decisión, el expediente volverá a ser tratado en primera instancia para determinar cómo continúa el proceso judicial y cuál es el alcance de las obligaciones del Estado.
Mientras tanto, la situación presupuestaria de las universidades públicas y los reclamos salariales del sector docente siguen en el centro de la controversia, en un contexto de preocupación por el financiamiento de las instituciones educativas.