nueva ordenanza que obliga a registrar a perros y gatos
Cada perro o gato de Villa María deberá tener su documento y habrá multas de hasta $800.000
La ordenanza fue aprobada por el Concejo Deliberante tras un intenso debate. La normativa establece nuevas obligaciones para quienes tienen animales y contempla fuertes sanciones económicas para quienes no cumplan con las disposiciones.
A partir de la entrada en vigencia de la nueva ordenanza de protección animal, cada persona que tenga bajo su cuidado un perro o un gato deberá inscribirlo en el registro municipal para que cuente con su propio documento de identidad.
La norma fue aprobada el jueves por el Concejo Deliberante, luego de un debate que se extendió hasta los últimos detalles del texto. Entre las modificaciones incorporadas, finalmente no se estableció un límite máximo de cinco mascotas por familia. En cambio, se determinó que la cantidad de animales deberá guardar relación con el espacio físico disponible.
De esta manera, mientras los concejales avanzaron con nuevas obligaciones para los vecinos y multas que pueden alcanzar los $800.000, la ordenanza dejó de lado el límite numérico de animales y optó por un criterio que puede generar interpretaciones y controles según cada caso.
Uno de los cambios centrales es la modificación del nombre del actual Centro de Adopción Municipal (CAM), que pasará a denominarse “Centro de Zoonosis y Salud Animal”. Según se plantea en la normativa, el objetivo es ampliar sus funciones y no limitar su actividad al alojamiento y la adopción de animales.
La ordenanza también incorpora la figura del “animal comunitario”, en referencia a aquellos perros o gatos que no viven con una familia determinada, pero son cuidados por vecinos de un barrio. Sin embargo, la normativa establece que deberá existir una persona responsable del animal.
Entre las obligaciones previstas para los cuidadores se encuentra la inscripción en el registro municipal y la responsabilidad de recoger las heces de los animales en la vía pública.
La aprobación de la ordenanza abre ahora una nueva etapa de aplicación y control. Mientras el Concejo Deliberante suma obligaciones y prevé sanciones económicas de hasta $800.000 para los vecinos que no cumplan, quedará por verse cómo se implementará la normativa y si el Municipio contará con los recursos necesarios para controlar su cumplimiento de manera equitativa.
Una vez más, el debate queda planteado: ¿la nueva ordenanza representa una verdadera política de protección animal o termina trasladando nuevas obligaciones y fuertes multas a los vecinos sin resolver de fondo los problemas existentes?